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En Connecticut se está llevando a cabo una batalla crucial por la libertad religiosa, ahora que la legislatura de este estado examina un proyecto de ley que codificaría una decisión de la Suprema Corte que impone el matrimonio del mismo sexo.
Caballeros de Colón tiene un interés muy especial en este punto, ya que las oficinas centrales del Consejo Supremo, que emplea a unas 750 personas, se encuentran en New Haven, a 40 millas del capitolio del estado.
El Proyecto de Ley 899 fue entregado por el Comité Judicial el 30 de marzo prácticamente sin ninguna protección para la libertad religiosa de las iglesias, los grupos religiosos como Caballeros de Colón, o las personas que desean actuar siguiendo sus sinceras creencias religiosas.
Este proyecto de ley también revocaría una sección de la legislación actual que prohíbe que el estado promueva la homosexualidad en las escuelas o que exija que se enseñe que la homosexualidad es un modo de vida aceptable, así como que se establezcan metas numéricas, cuotas u otras acciones afirmativas a favor de los homosexuales. Esta medida prepara el camino para que se pueda atacar legalmente a cualquier profesor, iglesia u organización que no acepte y aplauda los modos de vida con prácticas sexuales alternativas.
El Proyecto de Ley 899 es obra del mismo comité legislativo conjunto que, hace unas semanas, trató de que se aprobara una ley que permitía el suicidio asistido y que despojaba a los obispos y sacerdotes católicos de su autoridad administrativa. Ambas leyes fueron retiradas precipitadamente cuando Caballeros de Colón encabezó una amplia campaña de protesta vía telefónica y por e-mail.
En esta lucha en contra del Proyecto de Ley participa una amplia coalición de grupos con los que la Orden ya ha colaborado anteriormente, además de los obispos católicos del estado y la Conferencia Católica de Connecticut. El Instituto para la Familia de Connecticut, la Organización Nacional por el Matrimonio y varios grupos de fe así como iglesias del estado han subrayado los peligros que implica la falta de protecciones para la libertad religiosa a raíz de la decisión 4-3 de la Suprema Corte en el caso Kerrigan v. Commissioner of Public Health en octubre del año pasado.
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