Carl A. Anderson
Recientemente, legisladores en Connecticut, Estado Constitución, exclusivamente a la Iglesia Católica y que habría despojado a obispos y sacerdotes de su capacidad para administrar diócesis y parroquias.
El proyecto de ley 1098 habría arrebatado a la jerarquía de la Iglesia su autoridad sobre los asuntos de sus parroquias y en su lugar, habría otorgado el control a una serie de consejos de administración (trustees o fideicomisos), excluyendo explícitamente a obispos y pastores. Fue redactado y presentado a toda prisa ante el comité antes de hacer siquiera una llamada telefónica a alguno de los obispos católicos de Connecticut.
Ciertamente, la Primera Enmienda es clara: “El Congreso no dictará leyes que adopten una religión oficial ni prohibirá el libre ejercicio de la religión...”.
El efecto de esta ley podría significar la balcanización de la Iglesia Católica. Nuestra Iglesia, una, santa, católica y apostólica, ya no sería “apostólica” si no se permitiera a los obispos administrar sus diócesis. Y más que ser “una” y “católica”, a medida que los fideicomisos forzaran su p ropio entendimiento de la teología en las parroquias que dependieran de ellos financieramente, nuestra Iglesia se convertiría en muchas iglesias inconsistentes.
Algunas denominaciones protestantes prefieren un arreglo así, pero el punto es que toda religión debe tener libertad de elección. Es la esencia de la libertad religiosa.
A pesar de que se afirma que el propósito del proyecto de ley de Connecticut era prevenir la mala administración de las parroquias, sus promotores parecen ignorar que son raros los casos de mala administración y que la administración se dirige eficientemente por medio de reglamentos ya establecidos. Finalmente, el proyecto de ley es tanto inconstitucional como innecesario.
Este ataque nos sorprendió, pero tiene precedentes. En Connecticut, ya en el Siglo XIX, a los católicos se les prohibía tener cargos públicos o poseer tierras.
Después de la ratificación de la Primera Enmienda en 1791, en el Estado Constitución los católicos tuvieron que esperar cerca de tres décadas la libertad religiosa. Incluso después los ataques continuaron. Los nativistas y los Know-Nothings a menudo intentaron restringir a la Iglesia Católica.
En Nueva York, en 1855, los Know-Nothings se anotaron una victoria con la aprobación del proyecto de ley Putman, que imponía el “trusteeism” en la Iglesia y creaba serios problemas para su administración. Fue revocada en 1863, cuando la necesidad de Nueva York de reclutas católicos para el Ejército de la Unión tuvo más peso que su deseo de realizar campanas contra la Iglesia.
Pero el proyecto de ley 1098 pudo haber provocada un retroceso en el tiempo de más de 150 anos, confirmando que los católicos deben protegerse de un regreso de la intolerancia. La lección del Siglo XIX es que el poder de imponer estructuras que garanticen o supriman la autoridad de los líderes de la Iglesia es el poder de intimidar y finalmente de destruir.
Si un estado puede hacer caso omiso de la Primera Enmienda y decirle a la Iglesia Católica cómo debe hoy organizarse y operar, manana puede fácilmente hacer lo mismo con otra religión.
Aunque el proyecto de ley 1098 se pospuso, durante los últimos anos en Connecticut es el segundo intento por atacar de frente a la Iglesia. El primero fue un proyecto de ley hace varios anos que habría anulado el secreto de confesión. Solo podemos anticipar que dichos ataques – y otros más sutiles – son probables aquí y en otros lados.
Cuán irónico es que los legisladores del “Estado Constitución” hayan propuesto esta medida arcaica. Después de haber introducido la legislación solo una semana antes, el Comité Judicial otorgó al público apenas tres días hábiles para considerar el proyecto de ley 1098 y presentar su testimonio ante un comité legislativo.
Para los legisladores de un estado que fue tan lento para poner en práctica la Primera Enmienda, estos hombres parecían tener una prisa inconcebible por quitársela de en medio.
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