Sustituyen las Resoluciones 18. 46, 73.
96, 117. 135, 234, 265, 287, 314,
y 372

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

      Considerando que, el derecho a la libertad religiosa se basa en la dignidad inherente a la persona humana, que conocemos por medio de la razón y la revelación divina; y

      Considerando que, el derecho a la libertad religiosa está garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otros documentos que reconocen la libertad religiosa; y

      Considerando que, la libertad religiosa significa que todas las personas deben ser libres de coerción en asuntos de creencia y de conciencia, y que ninguna persona debe verse obligada a actuar de forma contraria a sus creencias o su conciencia; y

      Considerando que, la Iglesia enseña de manera consistente que la libertad religiosa es un derecho inalienable que debe ser reconocido por las leyes que gobiernan cada país de manera que se acepte como un derecho civil básico; y

      Considerando que, la libertad religiosa no es un beneficio que confiera el gobierno por mera tolerancia, que puede retirar, sino un derecho inalienable, con raíces en la dignidad trascendente de todo ser humano; y

      Considerando que, El Papa Francisco ha calificado la libertad religiosa como “un derecho fundamental del hombre”, que “no es simplemente la libertad de pensamiento o de culto privado”, sino “la libertad de vivir según principios éticos, tanto en lo público como en lo privado, consecuente con la verdad que uno ha encontrado”; y

      Considerando que, la libertad religiosa está en el corazón mismo de los derechos humanos porque comprende la libertad de palabra, asamblea y conciencia, que forman juntas la base de la sociedad civil y el respeto por la persona; y

      Considerando que, Caballeros de Colón desde su fundación ha trabajado para defender la libertad religiosa para todos los católicos y toda la gente, y lo ha hecho por nuestro compromiso con nuestra fe y la creencia inquebrantable de que la libertad religiosa es un derecho civil básico; y

      Considerando que, Esta labor en favor de la libertad religiosa incluye esfuerzos en el caso de la Corte Suprema de EE.-UU. Pierce v. Society of Sisters, que afirmó el derecho de los niños a una educación católica, actividades para protestar contra la persecución de los católicos en México en la década de 1920, esfuerzos por combatir la visión anti religiosa del mundo del Comunismo, y la inclusión de la frase “al amparo de Dios” en el Juramento a la Bandera de EE. UU. para distinguir a Estados Unidos de los gobiernos anti religiosos; y

      Considerando que, el 28 de junio de 2013, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) propuso una regla en aplicación a lo dispuesto en el Acta de Protección del Paciente y de Cuidados Asequibles que exige que la mayoría de los patrones proporcionen, y que todos los norteamericanos subsidien, planes de seguros médicos que brinden cobertura total de las esterilizaciones quirúrgicas y la contracepción, incluyendo los fármacos abortivos, como los píldoras “del día después”; y

      Considerando que, el 10 de Julio de 2015, el HHS dio los últimos toques a estas reglas, exigiendo que ciertas entidades religiosas y negocios privados con fines de lucro con objeciones morales o religiosas llenen un formato o escriban una carta que certifique su objeción ante el gobierno, que pone en marcha el proceso de proporcionar estos servicios, lo cual implica a la entidad que objeta la provisión de esterilizaciones, contracepción, y fármacos abortivos; y

      Considerando que, el mandato el HHS busca obligar a los patrones católicos privados y las empresas—como Caballeros de Colón—a proporcionar a todos los empleados una cobertura que incluye fármacos abortivos, contracepción y esterilización; y

      Considerando que, las numerosas amenazas contra la libertad religiosa que han surgido en los últimos años se encuentran entre las invasiones más graves de la libertad religiosa que hayamos visto en nuestra época; y

      Considerando que, a la luz de los esfuerzos continuos para redefinir el matrimonio, incluyendo la decisión de la Suprema Corte del 26 de junio de 2015 en Obergefell v. Hodges, los derechos de la Primera Enmienda de las personas y las instituciones católicas se ven cada vez más amenazados; y

      Considerando que, la Ley de Defensa de la Primera Enmienda protegería el libre ejercicio de las creencias religiosas y las convicciones morales de las personas al evitar que el gobierno federal adopte acciones discriminatorias en contra de estas personas en las áreas de los contratos gubernamentales, los beneficios, el trato impositivo, las acreditaciones y las licencias.

      Por lo tanto, se resuelve que, como ciudadanos y Caballeros de Colón, permaneceremos firmes en nuestro apoyo del libre ejercicio de la religión tal como lo definen la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otros documentos que reconocen la libertad religiosa; y

      Se resuelve también que, seguimos firme en nuestra convicción de que la plena garantía de la libertad religiosa no puede limitarse a la “libertad de culto” como lo han intentado algunos, sino que debe incluir la plena “libertad de religión”, que comprende necesariamente la dimensión pública de la religión, la libertad de persecución o discriminación con base en la conciencia y las creencias, y el hecho de que los creyentes están llamados a desempeñar un papel activo en la construcción del orden social; y

      Se resuelve también que, somos solidarios con nuestros obispos en su llamado a los fieles católicos, y a todos los norteamericanos, a unirse para oponerse al mandato del HHS y proteger la libertad religiosa y la libertad de conciencia; y

      Se resuelve también que, hacemos un llamado a la Administración Obama para que rescinda el mandato del HHS que es una violación clara y directa de nuestros derechos a la libertad religiosa; y

      Se resuelve también que, hacemos un llamado al Congreso para que acepte la Ley de Defensa de la Primera Enmienda, una medida que es esencial para la protección del libre ejercicio de la religión a la luz del incremento de las amenazas contra la libertad religiosa; y

      Se resuelve también que, hacemos un llamado a todos los funcionarios de gobierno de todos los países donde estamos activos para que promulguen una legislación similar que proteja el derecho de las instituciones y las personas religiosas a estar libres de la coerción del gobierno en cualquiera de los asuntos; y

      Se resuelve también que, permaneceremos firmes en nuestra oposición a futuras acciones o políticas del gobierno que obliguen a las instituciones y las personas a violar sus convicciones morales y religiosas más profundas; y

      Se resuelve también que, nuestra lucha por la libertad religiosa en este momento decisivo de nuestra historia no es sólo por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones futuras, de manera que ellos también puedan conocer un país que sea “una sola nación al amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.”